La reciente decisión del Consejo de Estado colombiano declarando la nulidad del Acto Administrativo por medio del cual la Honorable Corte Suprema de Justicia eligió a la Doctora VIVIANE MORALES como Fiscal General de la Nación es sin lugar a dudas una victoria de la democracia colombiana, del peso de sus Instituciones y del privilegio de la norma dentro de nuestro Estado.
    A pesar de desconocerse los fundamentos jurídicos que sustentan el fallo, lo cierto es que nuestro máximo Tribunal Administrativo recupera el valor de la ley en el sistema normativo colombiano, posicionándola muy encima de las interpretaciones que, cargadas con un alto contenido político, trastocan nuestro Estado de derecho.
    La historia sin embargo no se puede volver a repetir. Independientemente de si a futuro se discuta o no responsabilidad en los Honorables Magistrados que profirieron el viciado acto administrativo, no nos queda sino una sola enseñanza: "No puede existir Estado de derecho sino cuando el poder político se ejerza por las vías del derecho y solamente por esas vías. Por esto es necesario que exista en el Estado un tejido normativo bien adaptado y una jerarquía de normas con altos principios y con un valor constitucional que sirvan de referencia" (Pierre Pactet y Ferdinan Melin-Soucramanien. Traducción de Corina Duque Ayala 2011)

EL COLOMBIANO

Darío Enrique Martínez Marrugo
Chicago, 29 de febrero de 2012