Prudencia. Es la virtud que debiera predominar en los periodistas colombianos en estos momentos en que se prestan a cubrir la noticia sobre la confesión y las posteriores declaraciones juradas del retirado General de la Policía Mauricio Santoyo.
    El retirado General, luego de un acuerdo con la Justicia americana, se compromete a confesar y testificar sobre hechos relacionados con el paramilitarismo en Colombia. El ex oficial confiesa haber "haber abusado de su cargo para asesorar, apoyar y hasta suministrar personal entre octubre de 2001 y noviembre del 2008 a las Autodefensas Unidas de Colombia".
   JAIRO PARRA (2011) define la confesión como "la declaración del acusado (en sentido genérico), donde narra o reconoce ser el autor o partícipe de unos hechos que la ley penal describe como delito". La condición de participe lo convierte en un potencial testigo de los hechos punibles ejecutados con la ayuda de terceros.
    Las declaraciones del Alto oficial sin embargo, no tienen un precedente histórico por lo que deben ser cuidadosamente atendidas por el Estado colombiano.
  La cualificada condición del confeso delincuente, con acceso a un gran flujo de información privilegiada del Estado podría atentar contra su misma existencia y seguridad. Es decir, el Estado colombiano debe velar por la protección de la información privilegiada que atente contra la seguridad institucional.
    Por demás, el Congreso de la República debe estudiar el mecanismo jurídico para revocar el grado de General que ostentaba el procesado y los derechos que se le confirieron por alcanzar tan alta dignidad.
   Esperemos ver como reacciona el Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente, quien no puede ser un simple espectador frente al flujo de la información que comprometa el Estado que dirige.

DARIO ENRIQUE MARTINEZ